Causas de Despido en YPF: Lo que Debes Saber
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La historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) está marcada por hitos que definieron el rumbo económico y político de Argentina. Sin embargo, pocos episodios son tan complejos y costosos como el que la vincula con la familia Eskenazi. Lo que comenzó como una operación celebrada para “argentinizar” la mayor empresa del país, derivó en una quiebra, una expropiación y, finalmente, en un colosal juicio en Nueva York que hoy amenaza las finanzas del Estado argentino con una sentencia multimillonaria. Esta es la crónica de un negocio que entrelazó poder político, ingeniería financiera y un litigio que parece no tener fin.
Para entender el origen de esta saga, es fundamental conocer a sus protagonistas. La familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen, ha sido durante décadas uno de los conglomerados empresariales más importantes y, a la vez, más discretos de Argentina. El artífice de esta expansión fue Enrique Eskenazi, un ingeniero químico que, tras una carrera en corporaciones como Bunge y Born, tomó el control de la constructora Petersen, Thiele & Cruz en la década de 1980. A partir de esa base, diversificó sus inversiones hacia áreas tan variadas como las finanzas, la agroindustria y los servicios urbanos, consolidando un imperio de capitales íntegramente argentinos.

A pesar de su inmensa fortuna, que la revista Forbes llegó a estimar en US$1.150 millones, superando incluso la de figuras como Lionel Messi, la familia siempre cultivó un perfil bajo. Enrique Eskenazi, fallecido en 2024 a los 99 años, describía su grupo con valores de “confiabilidad, solidez y transparencia”. Tras su muerte, el liderazgo del conglomerado recayó en sus hijos, entre ellos Sebastián Eskenazi, quienes han mantenido la tradición de hermetismo y escaso contacto con la prensa.
La trayectoria del Grupo Petersen dio un giro decisivo en la década de 1990, cuando su camino se cruzó con el de Néstor Kirchner. Siendo gobernador de Santa Cruz, Kirchner privatizó el banco provincial, y el adjudicatario fue el grupo de Eskenazi. Esta operación, criticada por algunos sectores por supuestamente favorecer al comprador al dejar las deudas incobrables en manos del Estado, forjó una relación que se consolidaría años más tarde.
Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, y luego durante el mandato de su esposa, Cristina Fernández, los lazos se estrecharon. Los registros de visitas a la residencia presidencial de Olivos revelan una asiduidad notable: entre 2007 y 2009, miembros de la familia Eskenazi ingresaron más de 50 veces. El fiscal Diego Luciani, en la causa que condenó a Cristina Fernández por corrupción, señalaría estos encuentros y créditos millonarios obtenidos por los Kirchner del Banco Santa Cruz como evidencia de “estrechos vínculos comerciales y personales”. Aunque el juicio no se centró en los Eskenazi, su nombre apareció en la trama, tejiendo una red de poder y negocios que sería el preludio de su desembarco en YPF.
En 2008, con el pleno respaldo del gobierno de los Kirchner, el Grupo Petersen protagonizó una de las operaciones financieras más audaces y controvertidas de la historia argentina: la compra del 25% de YPF, que en ese entonces era propiedad de la española Repsol. La adquisición se realizó en dos tramos, totalizando una cifra cercana a los US$3.500 millones.

Lo verdaderamente singular fue la estructura de financiación. Los Eskenazi no desembolsaron capital propio. La operación se montó sobre un esquema de deuda: la propia Repsol y un consorcio de bancos internacionales (Credit Suisse, Goldman Sachs, Citibank) prestaron el dinero, con la garantía de que la deuda se pagaría con los futuros dividendos que generara la propia YPF. En la práctica, compraron una parte de la mayor empresa del país utilizando las ganancias futuras de esa misma empresa. El abogado Juan Javier Negri calificaría la operación de “escandalosa”, afirmando que “prácticamente compraron sin un centavo”. Tras la compra, Sebastián Eskenazi asumió cargos ejecutivos en la petrolera, consolidando la posición del grupo en el sector energético, un rubro en el que no tenían experiencia previa.
El modelo de negocio funcionó mientras el flujo de dividendos fue constante. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2012. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, argumentando la necesidad de recuperar la soberanía hidrocarburífera, impulsó en el Congreso la Ley N° 26.741, que declaraba de utilidad pública y sujeta a expropiación el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol.
Esta decisión tuvo una consecuencia directa y fatal para el esquema de los Eskenazi: la nueva gestión estatal de YPF prohibió el reparto de dividendos para reinvertir las ganancias en la producción. Sin ese flujo de fondos, el Grupo Petersen se vio imposibilitado de cumplir con sus compromisos de deuda. Sus empresas energéticas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, entraron en default y terminaron declarándose en quiebra en España.
| Evento Clave | Año | Descripción |
|---|---|---|
| Inicio Vínculo Eskenazi-Kirchner | Década 1990 | Adjudicación del privatizado Banco de Santa Cruz al Grupo Petersen. |
| Compra de Acciones YPF | 2008 | El Grupo Petersen adquiere el 25% de YPF a Repsol sin capital propio. |
| Expropiación de YPF | 2012 | El Estado argentino estatiza el 51% y prohíbe el reparto de dividendos. |
| Quiebra de Petersen Energía | Post-2012 | Incumplimiento de pagos por la falta de dividendos, llevando a la quiebra. |
| Inicio del Juicio | 2015 | El fondo Burford Capital adquiere los derechos para litigar contra Argentina. |
| Fallo en Nueva York | 2023 | La jueza Loretta Preska falla a favor de los demandantes por US$16.100 millones. |
La quiebra de las empresas de Eskenazi en España abrió la puerta a un nuevo capítulo: el legal. El punto central del reclamo no es la potestad del Estado para expropiar, sino el incumplimiento de una cláusula del estatuto de YPF. Dicho estatuto obligaba a quien tomara el control de la compañía a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas en las mismas condiciones. Al estatizar el 51%, el Estado argentino no extendió esta oferta a los accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen, perjudicándolos.

En 2015, el síndico de la quiebra en Madrid subastó el derecho a iniciar un litigio contra Argentina. El ganador fue Burford Capital, un fondo especializado en financiar pleitos con altas probabilidades de éxito a cambio de un porcentaje del cobro. Burford asumió el financiamiento del reclamo de Petersen y también el de otro accionista afectado, Eton Park. El acuerdo le otorga a Burford el 70% de una eventual compensación, mientras que el 30% restante iría a la masa de acreedores de la quiebra de Petersen, lo que en teoría deja a la familia Eskenazi sin un beneficio directo, aunque persisten las sospechas de que podrían haber retenido una parte del pleito.
El juicio, tramitado en la corte de Nueva York debido a que YPF cotiza en Wall Street, llegó a un punto crítico en 2023, cuando la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina, estableciendo una condena de US$16.100 millones. A esta cifra se le suman más de US$2 millones diarios en intereses.
Actualmente, el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, que debe decidir el destino de las acciones de YPF en manos del Estado. Las opciones son tres: mantener la medida cautelar que impide el traspaso de acciones, levantarla y permitir que se ejecute la entrega del 51% de YPF como pago, u ordenar un reemplazo por otros activos como bonos. Para Argentina, el riesgo es enorme. Un desacato podría derivar en embargos sobre activos en el exterior, como las reservas del Banco Central, o limitar severamente su acceso a los mercados de crédito internacionales. La expropiación, que buscaba afirmar la soberanía energética, ha terminado generando una de las deudas más onerosas de la historia del país.
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