Financial Times: La historia del diario salmón
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En un movimiento financiero que ha captado la atención del mercado y la opinión pública, Aerolíneas Argentinas ha anunciado una exitosa colocación de deuda en el mercado local por un valor equivalente a 100 millones de dólares. Esta operación, según la cúpula directiva de la compañía, permitirá a la aerolínea de bandera finalizar el ejercicio fiscal de 2023 sin necesidad de solicitar los habituales subsidios al Estado Nacional. Sin embargo, un análisis más profundo de la estructura de la deuda revela una trama compleja donde el propio Estado juega un papel protagónico como inversor, generando interrogantes sobre la naturaleza real de esta autonomía financiera.

La herramienta utilizada para esta inyección de capital fue un fideicomiso financiero a 36 meses, denominado “FF GLOBAL ARSA”. Técnicamente, la empresa recibió pesos argentinos por un monto equivalente a 100 millones de dólares, tomando como referencia la cotización oficial mayorista de $350 por dólar. La particularidad de este instrumento es que es pagadero en pesos pero ajustado a la variación del tipo de cambio oficial, una modalidad conocida como dólar linked. Esto protege a los inversores de una posible devaluación de la moneda local.
El bono estructurado establece un plan de pago en seis cuotas y devenga un cupón de intereses trimestral con una tasa nominal anual del 3%. La gestión y administración del fideicomiso estuvo a cargo de BICE Fideicomisos, una entidad subsidiaria del Banco de Inversión y Comercio Exterior, también de órbita estatal. Un dato no menor es la calificación crediticia que recibió la emisión: la agencia Fix SCR (afiliada a Fitch Ratings) le otorgó una nota de “AA”, una calificación muy alta que denota una percepción de bajo riesgo y una gran confianza en la capacidad de pago de la aerolínea.
La composición de los suscriptores de esta deuda es el punto más relevante y debatido de la operación. Lejos de ser una suscripción mayoritariamente privada, el principal inversor fue un organismo del propio Estado. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES suscribió la mitad de la colocación, es decir, el equivalente a 50 millones de dólares.
El resto de los inversores se distribuyó de la siguiente manera:
La participación del FGS, que administra los fondos del sistema previsional argentino, es crucial. Si bien desde Aerolíneas Argentinas aseguraron que la decisión del fondo fue autónoma y basada en el atractivo del bono, en la práctica significa que el Estado, a través de uno de sus brazos financieros, le está prestando dinero a una empresa estatal. Esto matiza significativamente el anuncio de no requerir subsidios directos del Tesoro Nacional.
Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, celebró la operación como un “voto de confianza de los bonistas en la gestión”. Afirmó categóricamente: “Gracias a esta operación, anunciamos que Aerolíneas no solicitará ni recibirá fondos del Estado nacional en el 2023”.
Para entender el panorama completo, es necesario mirar las cifras. En 2022, la compañía registró un déficit de 246 millones de dólares, cubierto íntegramente con aportes del Tesoro. Para 2023, el rojo proyectado será cubierto por una combinación de dos fuentes principales:
| Fuente de Financiamiento para 2023 | Monto Aproximado (USD) | Naturaleza |
|---|---|---|
| Partida Presupuestaria de 2022 no ejecutada | ~ $100 millones | Fondos Estatales (Subsidio diferido) |
| Fideicomiso “FF GLOBAL ARSA” | $100 millones | Deuda de Mercado (con 50% de participación estatal) |
Como muestra la tabla, si bien es cierto que no se solicitarán nuevas partidas del presupuesto 2023, la operación se sostiene en parte por fondos presupuestarios del año anterior y por una deuda cuyo principal acreedor es el mismo Estado. Se trata, entonces, más de un cambio en el mecanismo de financiamiento que de una independencia financiera total. En lugar de un aporte directo a fondo perdido (subsidio), se opta por un préstamo que genera intereses y que deberá ser devuelto, lo que impone una mayor disciplina financiera a la empresa.
Desde su reestatización a finales de 2008, Aerolíneas Argentinas ha dependido de manera constante de los aportes del Estado para mantener su operación y su estructura patrimonial. Uno de los desafíos estructurales más importantes de la compañía es la composición de su flota. De un total de más de 80 aeronaves, la gran mayoría es alquilada bajo diversas modalidades de leasing operativo o financiero. La porción de flota propia es minoritaria, concentrada en los aviones Embraer heredados de la ex-Austral y un par de Boeing 737-700 con más de 15 años de antigüedad. Este modelo de negocio implica un alto costo fijo en dólares por el pago de los alquileres, lo que añade presión a sus finanzas.
La nueva deuda, con un plazo de 36 meses, implica que los inversores, tanto privados como estatales, apuestan a que la compañía seguirá generando los ingresos necesarios para hacer frente a sus obligaciones en el mediano plazo, un horizonte que abarcará un cambio de gestión gubernamental.
Para el año 2023, la empresa afirma que no solicitará nuevos subsidios del presupuesto nacional. Sin embargo, utilizará fondos no ejecutados del presupuesto 2022 y ha tomado una deuda donde el principal acreedor es el Fondo de Garantía de la ANSES, un organismo estatal. Por lo tanto, si bien cambia el mecanismo, la presencia estatal en su financiamiento sigue siendo fundamental.
Es un instrumento financiero en pesos, pero cuyo capital e intereses se ajustan según la evolución del tipo de cambio oficial del dólar. Esto significa que si el peso se devalúa, el monto en pesos a pagar por parte del deudor (Aerolíneas) aumenta, protegiendo así el poder adquisitivo de la inversión del acreedor.
Según la aerolínea, el FGS consideró que el bono era una colocación atractiva por su calificación crediticia (AA) y su tasa de interés. Desde una perspectiva más amplia, puede interpretarse como una forma de apoyo del sector público a una empresa estratégica del mismo sector, transformando un subsidio directo en una inversión con retorno esperado.
No. La empresa sigue operando con un déficit. Esta colocación de deuda es una forma de financiar ese déficit operativo, no una señal de que haya alcanzado el punto de equilibrio o la rentabilidad. El objetivo es cubrir las pérdidas proyectadas para el año en curso sin recurrir a transferencias directas del Tesoro.
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